|
La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción
de la Fiscalía
General de la República presentó ayer en la Secretaría de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) tres peticiones de antejuicio contra los jueces de paz de
Berlín, San Dionisio y Jiquilisco, todos del
departamento de Usulután.
El Ministerio Público acusó del delito de concusión
(cobro arbitrario como funcionario) al juez 1º de Paz de Berlín, Raúl
Martínez Chavarría, y al juez de paz de San
Dionisio, Ramiro Mena Durán.
La tercera acusación recae en el juez 1º de Paz de Jiquilisco, Pedro Arnoldo Flores Garay por los delitos
de falsedad documental agravada y actos arbitrarios.
Los tres funcionarios judiciales fueron denunciados ayer
ante la CSJ
como lo establece la ley. Cuando se trata de “delitos oficiales”, es decir,
en el cumplimiento de sus funciones, deben ser los magistrados en Corte
Plena quienes deben decidir si les quitan el fuero a los jueces para que la Fiscalía presente
requerimiento contra ellos en una cámara de lo penal.
Vendió plaza a $5 mil
Martínez Chavarría y Mena Durán son acusados de cobrar arbitrariamente por
una plaza. En la documentación que presentó en la Corte, la Fiscalía asegura que
cometieron el delito de concusión. El primero de ellos, en calidad de autor
directo, y el segundo como cómplice necesario contra la administración
pública, Morena del Carmen Hernández Zavala y Benjamín de Jesús Hernández
Zavala.
La denuncia fue interpuesta precisamente por Benjamín de
Jesús Hernández Zavala en la oficina fiscal de Usulután,
el 26 de enero de 2008.
Al mostrarse como ofendido, Hernández Zavala, expresó
que entre ambos funcionarios “le vendieron” una plaza permanente de
ordenanza por $5 mil en el Juzgado 1º de Paz de Berlín.
Según la solicitud de antejuicio, el caso fue trasladado
a la Unidad
Especializada de Delitos de Corrupción en donde se
entrevistó a las víctimas, así como al testigo José Félix Tévez Zelaya, a la ordenanza y secretaria del tribunal.
También solicitaron la certificación de la nómina de las
personas que fueron empleados de ese juzgado y los cargos que desempeñan.
Ordenó Libertad
El juez Pedro Arnoldo Flores Garay, de Jiquilisco, es acusado de ordenar la libertad de forma
arbitraria a un reo supuestamente enfermo a pesar que no estaba a la orden
de su juzgado. También lo acusan de liberar a un reo un día antes que
Fiscalía le presentara el requerimiento y hacer constar que lo había dejado
libre luego de la acusación fiscal.
El Ministerio Público lo acusa de actos arbitrarios y
falsedad documental agravada.
Con base a esa información presentada ayer, la Corte, al analizar cada
uno de los casos, deberá emitir una resolución en la que se determine si
hay lugar a formación de causa en contra de los funcionarios.
La
Fiscalía ha puesto a la orden de los magistrados del Órgano
Judicial los tres casos de jueces y, en la solicitud, ofrece prueba
testimonial y documental que incrimina a los jueces en los supuestos hechos
delictivos.
Las nuevas peticiones de antejuicio para jueces surgen
dos semanas después que el fiscal general de la República, Félix
Garrid Safie, acusó al presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Agustín García Calderón, de estar ocultando información de los
funcionarios judiciales que tienen expediente de investigación abierto en la Fiscalía por
denuncias interpuestas en su contra provenientes de ciudadanos.
Acusado De Contratar A Cambio De
Los $5 Mil
El 28 de agosto del año 2006, Benjamín de Jesús
Hernández Zavala, se enteró que el juez 1º de paz de Berlín Raúl
Martínez Chavarría vendía una plaza de ordenanza
en su juzgado por $5 mil.
Benjamín de Jesús Hernández Zavala le comunicó a su
hermana Morena del Carmen para que prestara la mencionada cantidad de
dinero y comenzar negociaciones con el juez el 31 del mismo mes.
Consta en el proceso que el juez 1º de Paz de Berlín le
preguntó a Hernández Zavala si ya tenía el dinero.
El juez de Berlín le manifestó: “no te preocupés, que ese dinero rápido lo vas a pagar”.
Hernández Zavala le respondió que esperaba que no sólo fuera un interinato
el ofrecido. El juez le dijo que era plaza fija. Le da los $5 mil en el
vehículo del juez frente al parque de Usulután.
Luego, le manifiestan a Manuel de Jesús que su hermana
Morena del Carmen se presente al juzgado 1º de Paz de Berlín a trabajar.
Transcurridos tres meses, Chavarría, le dijo a Hernández
Zavala que ya no le daría la plaza permanente, por lo que el denunciante le
dijo que le regresara los $5 mil, sin embargo, el juez respondió que no
tenía dinero y que no se lo iba a regresar.
Habría Colaborado A La Contratación Pactada
Ramiro Mena Durán, juez de paz
de San Dionisio, Usulután, sirvió de
intermediario entre el juez 1º de Paz de Berlín, Raúl Martínez Chavarría y Benjamín de Jesús Hernández Zavala.
Según la
Fiscalía, se convirtió en cómplice del delito de
concusión ya que fue quien convenció a Hernández Zavala, para que hiciera
el negocio de la compra de la plaza de ordenanza.
La primera vez que le llamó al ofendido fue el 28 de
agosto de 2006. Le dio todos los detalles de cómo poder tener el empleo por
$5 mil.
Mena Durán se comunicó varias veces.
El 31 de agosto del mismo año, el denunciante ha expresado que el juez de
paz de San Dionisio le llamó por teléfono para preguntarle si ya tenía el
dinero de la plaza.
Ante esa interrogante, Hernández Zavala, respondió que sí,
por lo que el juez Mena Durán, le dijo que iba
hablar con el juez de Berlín, licenciado Chavarría.
Pero era tanto el interés de Mena
Durán en el negocio que el 31 de agosto visitó la casa de Benjamín de
Jesús; pero como aún no tenía el dinero, Mena Durán
optó por llevarlo a un banco para que junto a sus padres retiraran la
cantidad acordada a pagar por la plaza.
Le Imputan Falsedades Para
Liberar A Dos Reos
Al juez 1º de Paz de Jiquilisco,
Usulután, Pedro Arnoldo Flores Garay, lo acusan
de actos arbitrarios cometidos el 1 de octubre de 2004. En horas de la
mañana la Policía
detuvo por receptación a Gonzalo Orellana Vaquerano y David Antonio Saravia
Amaya.
A las 10:00 de la noche el juez y un abogado se fueron a
la Fiscalía
de Usulután para decir que Orellana
Vaquerano estaba enfermo y que era necesario
ponerlo en libertad. Como la fiscal de turno le dijo que no era posible, se
fue a la Policía
de esa ciudad y sin que el reo estuviera a la orden de su tribunal ordenó
ponerlo en libertad.
La falsedad documental agravada que le atribuyen al juez
se desprende de los actos arbitrarios.
El 2 de octubre del mismo año, la Fiscalía presenta el
requerimiento en el Juzgado 1º de Paz de Jiquilisco
y el juez Flores Garay, estando en competencia, ordena poner en libertad el
día de recibida la acusación a Orellana Vaquerano y Saravia Amaya,
(el primero ya estaba libre).
La
Fiscalía busca hacer constar que Orellana
Vaquerano fue puesto el
libertad el 2 de octubre, el cual realmente lo hizo un día antes, sin estar
a su orden y disposición como la ley lo indica.
|